Aunque es una ocupación que está instalada en la sociedad hace siglos, la práctica periodística se mantiene en el centro de la escena de los cuestionamientos públicos en la región. Las discusiones abiertas en Latinoamérica en los últimos decenios se centraron en la propiedad de los medios y tuvieron su principal escenario de disputa en los parlamentos. Hubo, entonces, muchos proyectos de ley nacionales. Aquellos debates posicionaron a las empresas de medios de un lado y a los gobiernos en otro. La particularidad del enfrentamiento fue que ambas partes se reclamaban beneficiarias del mismo derecho humano: la libertad de expresión (LdE). Las formas de resguardarse en la LdE como derecho fueron igualmente legítimas. En materia de derechos humanos, la LdE tiene una doble dimensión: individual y colectiva, y ninguna tiene preponderancia sobre la otra. Por eso, los aspectos de la LdE utilizados como argumentos por unos fueron tan legítimos como los asumidos por los otros. Amén de los procesos particulares y de la particular acción gubernamental que hubo a partir de entonces en la región, la validez de esos argumentos a veces antagónicos -las dos dimensiones de la LdE- se mantiene intacta y avalada por la doctrina de derechos humanos.